Un imperativo para las provincias.

En la Constitución Nacional de 1860, el país coincidió en que la educación era una urgencia nacional imperativa. El artículo 5 exige a las provincias “asegurar la educación primaria”, para “crear su cultura humana, perpetuar la nacionalidad y capacitar al pueblo para gobernarse” (Joaquín V. González). El artículo 14 otorga el derecho de “enseñar y aprender”; el 20 lo extiende a los extranjeros; el 25: “el gobierno no podrá restringir la entrada de extranjeros que traigan por objeto introducir y enseñar las ciencias y las artes”; el 67, inciso 16, “Corresponde al Congreso, proveer lo conducente al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria”. Con esas normas la educación de los argentinos fue modelo.

Ciento cincuenta años después, en el 2010, la educación estatal ha decaído en calidad, hay millones de jóvenes que no estudian y la politizaron docentes universitarios, egresados y cabecillas estudiantiles. Los fondos para educación se dilapidan en política y corrupción. Es un sistema paquidérmico, inmanejable y sin control de gestión ni de resultados. Es una infamia social.

La justicia social, defendida por la corporación gremial, convirtió a los “maestros” en “trabajadores” de la educación; los alumnos no los respetan y los padres los atacan. El futuro nacional y la prosperidad ciudadana dependen de la educación. El país debe combatir el deterioro y corregirlo.